Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juzgado federal ordenó la reapertura por tres meses de la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, tras determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) vulneró su derecho de defensa al negarse de forma reiterada a facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación. La jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Estado de México, resolvió este mes conceder la medida luego de que la defensa del imputado, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentara la imposibilidad de preparar su estrategia legal ante la opacidad de la FGR.
Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, enfrenta la causa penal 325/2025 por su presunta vinculación con la organización “Los Primos”, señalada de operar desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para desviar combustibles. El caso escaló tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025, operación donde también fue implicado su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La resolución judicial marca un revés para la FGR, que incumplió en múltiples ocasiones los plazos para transparentar el expediente, incluido un periodo de cinco días ordenado previamente por la jueza. La defensa del exmilitar logró una tutela de derechos que obliga a la fiscalía a permitir el acceso total a las pruebas en su contra, fundamentales para el ejercicio del derecho a la defensa técnica.
El imputado había enviado previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido divulgados oficialmente. El caso refleja los desafíos persistentes en el combate a las redes de corrupción dentro de instituciones públicas y la complejidad de judicializar delitos de alto impacto como el contrabando de hidrocarburos.
Con la investigación reabierta, la FGR cuenta ahora con un nuevo plazo de tres meses para integrar y compartir las evidencias completas, mientras el exvicealmirante permanece en prisión preventiva. El desarrollo de este caso es observado de cerca por su potencial para revelar mecanismos de corrupción en aduanas y el sector energético.
