marzo 25, 2026
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Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. La mandataria calificó el magnicidio como un asunto de Estado que no puede cerrarse con medidas de gracia, en momentos en que se cumplen 32 años del crimen y la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta participación como un segundo tirador.

La postura de la jefa del Ejecutivo contrasta con la visión del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, quien ha solicitado el indulto para Aburto. Según lo reportado, el legislador afirma que la presidenta tiene la facultad constitucional para conceder el beneficio, pero le falta voluntad política para hacerlo. Esta discrepancia marca el actual debate sobre el cierre o continuidad del proceso judicial más emblemático de la historia contemporánea de México.

En paralelo, el caso de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), registra un estancamiento procesal. Su apelación lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025. La existencia de esta línea de investigación sustenta la teoría de un segundo tirador, aunque Colosio Riojas ha señalado que dicha hipótesis no es nueva y que la persona involucrada ya había sido identificada hace tres décadas, lo que genera cuestionamientos sobre la novedad de las pruebas presentadas recientemente por la autoridad.

La investigación del asesinato, que mantiene a la FGR trabajando activamente, se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política. Durante el intercambio de posiciones, la presidenta Sheinbaum mencionó aspectos relacionados con una supuesta candidatura de Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora, vinculando el destino del caso judicial con el panorama electoral actual. No se han detallado las respuestas formales del Poder Judicial o la Fiscalía ante las acusaciones del senador sobre una posible politización del expediente.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, ocurrió hace 32 años en Lomas Taurinas, Tijuana. A lo largo de tres décadas, el caso ha sido objeto de múltiples teorías sobre la autoría intelectual y material. La negativa actual al indulto y la persistencia de la investigación contra un posible coautor reflejan la complejidad de cerrar definitivamente uno de los capítulos más oscuros de la vida pública mexicana, donde convergen demandas de justicia, versiones oficiales y reclamos familiares.

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