Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria aseguró que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser clasificada como un crimen de lesa humanidad, argumentando que dicha definición es “otra cosa” establecida por la organización internacional que no se adapta a la situación del país.
El Comité de la ONU emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El informe destaca una crisis forense con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido sostenidamente desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
En su defensa, Sheinbaum afirmó que el informe del Comité se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. La presidenta acusó que el documento “usa un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025” y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. Por su parte, la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y señaló que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”. Alcalde explicó que el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas, ya que de un total de 132,534 casos, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos y se ha confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas.
Contrario a la postura gubernamental, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década. El Comité subrayó que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documenta un agravamiento en estados como Guanajuato, donde las desapariciones se multiplicaron por ocho desde 2017, y Tabasco, con un incremento exponencial en 2024 y 2025.
Ante el rechazo oficial, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político contra la titular de la comisión. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones y afirmó: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”, anunciando acciones para exigir rendición de cuentas.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. En el mismo sentido, la Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité, haciendo un llamado a no descalificar la decisión y a aceptar la ayuda internacional.
