Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- El Congreso de la Ciudad de México acordó reforzar sus protocolos de seguridad tras los disturbios ocurridos el 9 de abril durante una protesta de la Asamblea de Barrios, hechos que dejaron cinco trabajadores lesionados y daños materiales en las instalaciones.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, encabezó una reunión de trabajo con el director de resguardo y los sindicatos para establecer protocolos claros de actuación ante situaciones de riesgo. “El derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto y en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de nadie. Nuestro deber es asegurar que este Congreso siga siendo un espacio de diálogo, pero también un lugar seguro”, señaló Sesma.
En materia legislativa, el Congreso recibió un paquete de iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, para endurecer las sanciones por extorsión hasta con siete años de prisión. El proyecto propone la creación de un Capítulo X que tipifica el delito de hostigamiento coercitivo, con penas de tres a siete años de cárcel.
Respecto a esta propuesta, el Grupo Parlamentario de Morena indicó: “Con el hostigamiento coercitivo, la autoridad podrá intervenir desde el primer acto de amenaza, sin esperar a que el delito se consuma”. La iniciativa también plantea reformar el artículo 148 Quinquies sobre cobranza ilegítima para incorporar la violencia física o moral como agravante.
Por otro lado, el legislativo reconoció a 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de Justicia capitalina con la ‘Medalla al Mérito Policial’. Se entregaron 88 medallas a elementos de la SSC, 20 a la Fiscalía local y 12 post mortem, además de un reconocimiento especial al General de Brigada de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Rus Peñaloza Meneses.
En otros asuntos de justicia local, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a elementos del INER por un caso de acoso y hostigamiento laboral denunciado por una residente médica llamada Paola. La subdirectora y profesora de Cirugía del INER, Francina B., fue destituida e inhabilitada, mientras que el residente Gustavo L. fue dado de baja del programa de especialización. La afectada fue reinscrita en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud informó que “se dictaron medidas de protección a favor de la residente, incluyendo la separación temporal de la titular del programa de especialización en tanto concluían las investigaciones”. Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que “las personas sancionadas tienen derecho a impugnar. Si lo hacen, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.
Finalmente, en un caso de alta repercusión, Nazareth N, fundadora de MetaXchange, demandó a la actriz Sandra Echeverría por presunta extorsión, alegando que usó su influencia para presionar el pago preferencial de fondos. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Nazareth N, acusada de fraude. La titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, indicó que “detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”. Nazareth N respondió señalando presuntas irregularidades: “Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”.
