Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el impacto negativo de la ganadería industrial en México tras concluir su segunda visita oficial al país, realizada del 9 al 20 de marzo de 2026. Durante su estancia, el funcionario sostuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal, incluyendo la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), así como con autoridades de los tres Poderes de la Unión.
Orellana enfatizó que el término ‘granjas porcícolas’ funciona como un eufemismo para describir instalaciones industriales masivas. Según declaró en sus conclusiones preliminares, el número de fábricas de cerdos ha aumentado de manera descontrolada y exponencial en la última década. Asimismo, mencionó haber recibido información de organizaciones de la sociedad civil sobre la existencia de numerosas granjas avícolas cuyos impactos comienzan a verse en las comunidades donde se instalan.
El contexto de estas declaraciones incluye datos que señalan la presencia de instalaciones que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades con apenas 1,500 habitantes. Al respecto, el relator subrayó que la industria por sí misma no constituye una amenaza, sino que el problema radica en prácticas industriales donde las normas no son lo suficientemente robustas para asegurar los derechos humanos de las personas expuestas a la contaminación generada.
Durante su recorrido, que incluyó visitas a Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, Orellana se reunió con representantes de comunidades afectadas. En Yucatán, específicamente, tomó nota de los daños ambientales y las violaciones a los derechos del pueblo maya derivadas del crecimiento de estas fábricas de animales y del uso de plaguicidas que afectan la actividad apícola.
El experto destacó la urgencia de diseñar una Ley General sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos para atender la problemática a nivel nacional. Advirtió que la descarga continua de desechos, incluyendo excretas y aguas residuales con hormonas y antibióticos, vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un medio ambiente sano, especialmente en zonas como el Anillo de Cenotes.
La Cancillería y la Semarnat confirmaron mediante un comunicado conjunto que el objetivo de la visita fue revisar los avances en protección ambiental. Marcos A. Orellana presentará un informe final con sus recomendaciones detalladas durante el segundo semestre del año, documento que seguirá al mandato establecido en 1995 y renovado en 2023 para examinar las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión de sustancias peligrosas.
