Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró definitivamente a Pío López Obrador de las acusaciones por financiamiento ilícito a favor del partido Morena, resolviendo que no existen pruebas contundentes que vinculen al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador con delitos electorales. La decisión, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, pone fin a un proceso legal que se arrastró desde agosto de 2020 y que incluyó investigaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República.
La resolución judicial contrasta con la evidencia visual difundida en 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola a través del medio Latinus, la cual muestra a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. En los videos, grabados originalmente en 2015 en el estado de Chiapas, se aprecian montos que fueron mencionados como 1 millón de pesos y 400 mil pesos. A pesar de este material, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que dichos elementos no fueron suficientes para acreditar la comisión de una falta o delito en la vía electoral.
Pío López Obrador ha mantenido su postura de inocencia durante todo el proceso, declarando públicamente que no ha cometido ninguna falta. Esta posición se mantiene firme aun ante la contradicción señalada por fuentes periodísticas respecto a la falta de rastreo del dinero mostrado en las grabaciones. El tribunal optó por cerrar el caso sin imponer sanciones, alineándose con precedentes administrativos y penales previos.
El antecedente inmediato de esta decisión se remonta a 2021, cuando el INE cerró su investigación argumentando la prescripción de las posibles faltas. Posteriormente, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal por falta de elementos para integrar un delito. Pío López Obrador había impugnado las acciones en su contra ante el TEPJF desde octubre de 2020, buscando limpiar su nombre frente a las acusaciones que surgieron tras la difusión de los videos.
Con esta sentencia, el TEPJF concluye definitivamente el caso, rechazando implícitamente la validez probatoria de los videos en el contexto de la justicia electoral. La resolución marca el fin de la controversia legal que ha perseguido al hermano del mandatario durante los últimos seis años, consolidando la postura de las instituciones judiciales sobre la insuficiencia de los indicios presentados para establecer una responsabilidad jurídica.
