Ciudad de Mexico, 14 de abril de 2026.- La sanidad pública de México ha adquirido fármacos a distribuidores irregulares por un valor de 9,500 millones de pesos (unos 450 millones de dólares) entre 2021 y la fecha, según una revisión de contratos asignados a empresas incluidas en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En un millar de contratos celebrados con una veintena de estados y las grandes instituciones de salud, empresas que posteriormente fueron señaladas por no cumplir con las legislaciones sanitarias y administrativas vendieron sus productos a hospitales públicos. De los 162 distribuidores irregulares identificados, 28 lograron obtener 1,360 contratos públicos con el sector salud.
Los cambios experimentados desde 2018 en los sistemas de compra de medicamentos, que derivaron en desabastecimiento, facilitaron compras de emergencia que beneficiaron a este tipo de distribuidores. Las autoridades indican que este mercado de medicamentos falsificados y clandestinos se ha multiplicado por cinco desde ese año, situando a México entre los primeros seis países del mundo en venta y distribución de estos productos, de acuerdo con un documento interno de la Comisión.
La mayor parte de los recursos fue destinada a la empresa Ethomedical, la cual recibió casi 8,000 millones de pesos durante 2021 y 2022. Esta compañía figura en el listado oficial por contar “con irregularidades graves y se encuentra suspendido”, según la Cofepris. La inmensa mayoría de estos fondos fueron obtenidos mediante adjudicación directa para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ethomedical ha sido vinculada con Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha negado conocer a dicha persona. Las empresas involucradas infringen la regulación sanitaria al operar sin autorización o sin cumplir los requisitos normativos establecidos.
