Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que se extiende a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que operan en el país. La decisión de la autoridad fiscal se basa en el argumento de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) carecía de las atribuciones legales para acreditar las actividades de dichas entidades, a pesar de que estas habían cumplido con los procesos de certificación correspondientes.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja formalmente, aunque el impacto potencial alcanza a más de un centen de grupos civiles. El IMCO, asociación fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y haber obtenido la acreditación necesaria por parte de la SECIHTI, lo que pone de manifiesto una contradicción entre los requisitos cumplidos por las organizaciones y la interpretación jurídica que ahora aplica el SAT para invalidar dichos permisos.
La discrepancia radica en que las organizaciones siguieron los lineamientos de una dependencia gubernativa (SECIHTI) para validar sus fines, pero el SAT considera que dicha dependencia no tenía la competencia legal para emitir tales acreditaciones en el contexto fiscal. Esta postura ha dejado en un limbo administrativo a las entidades afectadas, las cuales podrían perder la capacidad de emitir deducciones fiscales a sus donantes, un mecanismo vital para su financiamiento y operación.
Ante la revocación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, buscando regularizar su situación bajo las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades. Sin embargo, los detalles específicos de estas nuevas reglas y la resolución final de dicha petición aún no son públicos, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro inmediato de estas instituciones.
Este movimiento ocurre en un contexto donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización o restricción contra organizaciones no gubernamentales, aunque no se disponen de datos verificables que vinculen directamente el caso mexicano con tendencias globales específicas. La acción del SAT marca un precedente en la relación entre el fisco y el tercer sector, al priorizar la interpretación de las atribuciones de las secretarías de estado sobre los cumplimientos materiales de las organizaciones civiles.
La falta de una lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas y la ausencia de una fecha exacta de notificación para cada caso complican el panorama para el sector. Mientras no se clarifiquen los criterios de acreditación válidos para el SAT, las organizaciones civiles enfrentan el riesgo de ver mermada su capacidad de recaudación, lo que podría forzar una reestructuración de sus operaciones o la búsqueda de vías legales para demostrar la legitimidad de sus fines ante la autoridad tributaria.
