Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el IMCO, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción, así como la oficina de Amnistía Internacional en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró desconocer el número exacto y la lista específica de las entidades afectadas, calificando la acción como una decisión técnica y autónoma de la autoridad fiscal.
De acuerdo con las cifras manejadas en el contexto de la medida, la revocación abarca al menos 113 organizaciones, aunque otras fuentes mencionan un total de 270 entidades dentro de un padrón que supera las 10 mil donatarias autorizadas. El SAT ha justificado esta acción como un procedimiento técnico-legal derivado del incumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones, citando normativas como la Ley de Ciencia, sin ofrecer hasta el momento una explicación detallada sobre los plazos otorgados para subsanar dichos incumplimientos.
La medida ha generado críticas desde la sociedad civil. Amnistía Internacional México interpretó la revocación no como un acto técnico, sino como una medida política que debilita a la sociedad civil y se alinea con una tendencia regional de restricciones a estos actores. La organización denunció la existencia de una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que complican la operación de las entidades sin fines de lucro.
Ante la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó asumir responsabilidad directa sobre la selección de las organizaciones, enfatizando que se trata de una determinación del SAT. No obstante, la percepción pública contrasta con esta postura, viendo en la acción un acto de gobierno con claras implicaciones políticas, especialmente al recordar casos previos como el de Mexicanos contra la Corrupción, cuya autorización fue retirada en la administración anterior bajo el argumento de recibir dinero del extranjero.
El contexto de esta polémica se complejiza al contrastar estas revocaciones con la autorización exprés, realizada en tan solo dos días, a la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras algunas organizaciones enfrentan procesos que pueden durar hasta dos años, la disparidad en los tiempos de respuesta ha alimentado las sospechas de selectividad en el tratamiento fiscal.
La falta de una lista oficial completa y pública de las 113 o más organizaciones afectadas, así como la ausencia de un comunicado detallado del SAT que aclare los criterios específicos aplicados, mantiene la incertidumbre sobre el futuro operativo de estos grupos. La situación pone de manifiesto la tensión entre la autonomía técnica de las autoridades fiscales y el impacto político de sus decisiones en el ecosistema de las organizaciones civiles en México.
