Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que busca validar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet. La propuesta deriva de la negativa de un amparo a la empresa Total Play y se listó para discusión el 9 de abril de 2026.
El proyecto del ministro consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la cual negó el amparo a Total Play. En dicha resolución, el juez federal declaró constitucional el artículo 344, fracción VII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, citando jurisprudencias donde la Corte determinó que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información “no son absolutos”.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. El instituto admitió el trámite en agosto de 2024, decretó la medida provisional en septiembre y, tras el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios. En noviembre de 2024, la empresa promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones y constituye una medida desproporcionada.
De aprobarse el proyecto, la SCJN confirmaría la negativa del amparo y validaría la constitucionalidad de la norma impugnada, regresando el asunto al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito para resolver cuestiones de legalidad pendientes. Ese mismo día 9 de abril también se programó otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 y dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La entrega fue realizada por representantes como Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, así como por otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta. “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, declaró García Rodríguez.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), donde el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura y el arraigo.
