Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó el debate sobre el cálculo de indemnizaciones civiles por muerte, con un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que busca resolver la contradicción entre usar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el salario mínimo como base para determinar el monto de las compensaciones. La discusión, programada por tercera ocasión, deriva de una denuncia sobre criterios opuestos entre las extintas salas de la Corte, donde la Primera Sala resolvió en marzo de 2024 que puede usarse el salario mínimo para calcular el lucro cesante, mientras la Segunda Sala determinó en julio del mismo año que es constitucional emplear la UMA.
La diferencia económica es significativa: el salario mínimo diario para 2026 es de 315.04 pesos, mientras la UMA diaria equivale a 117.31 pesos, lo que implica que las indemnizaciones calculadas con base en el salario mínimo serían casi tres veces superiores a aquellas que usan la UMA. Este contraste afecta directamente a familiares de víctimas de muerte accidental o por negligencia, quienes recibirían montos considerablemente distintos dependiendo del criterio que apliquen los juzgados.
El caso actual llega al pleno de la SCJN a través de una denuncia de contradicción de tesis presentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que identificó el choque de criterios entre las dos salas que existían antes de la reforma judicial. El proyecto de la ministra Batres pretende establecer un criterio unificado que termine con la incertidumbre jurídica y garantice igualdad en las resoluciones judiciales en todo el país.
La controversia refleja tensiones más amplias sobre la justicia reparadora en México, donde las indemnizaciones por daños civiles han sido históricamente bajas comparedo con estándares internacionales. Organizaciones de derechos humanos han criticado el uso de la UMA por considerar que subvalora la vida humana y no compensa adecuadamente a las familias afectadas, especialmente en contextos de pobreza donde el ingreso perdido es crucial para la supervivencia.
La resolución de la Corte sentará un precedente obligatorio para todos los tribunales del país y podría modificar sustancialmente la práctica judicial en materia de responsabilidad civil. El fallo tendrá implicaciones particulares en casos de accidentes de tránsito, negligencia médica y responsabilidad patrimonial del Estado, donde las indemnizaciones por muerte son frecuentes.
El debate ocurre en un contexto donde la SCJN busca armonizar criterios tras la reforma que redujo el número de salas, consolidando su papel como máximo intérprete de la Constitución. La decisión final mostrará cómo la actual integración de la Corte aborda las tensiones entre seguridad jurídica, protección a víctimas y realidad económica del país.
