Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional del país. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un acto celebrado en la capital mexicana que busca alinear la práctica judicial con los estándares internacionales de derechos humanos.
De manera paralela a este acercamiento institucional, la senadora Malú Micher hizo un llamado desde el Senado de la República para lograr la armonización legislativa en materia de género en todos los estados del país, buscando uniformar las leyes locales con los avances federales. Estas acciones oficiales contrastan con las demandas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México, quienes exigieron que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos y se conviertan en vinculantes, solicitando la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional.
En el ámbito de la procuración de justicia, surgieron cuestionamientos respecto a la actuación de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de cometer fraudes. Este caso ha generado una contradicción aparente entre el discurso institucional de protección a derechos y las decisiones específicas en tribunales, donde figuras como José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández también han estado involucrados en el contexto de las denuncias.
La investigación destaca que, pese a los desafíos en la aplicación de justicia, México cuenta con una infraestructura de datos significativa; la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, reportada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, suma más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, lo que representa uno de los repositorios más grandes de América Latina para la transparencia y el análisis de políticas públicas.
El convenio entre la SCJN y el Conapred establece una ruta de trabajo para que los juzgados y tribunales integren criterios de no discriminación en sus sentencias, aunque la investigación no detalla los mecanismos concretos de seguimiento ni los plazos establecidos para la evaluación de estos objetivos. La firma de este acuerdo ocurre en un momento donde la sociedad civil mantiene presión para que las reformas legales se traduzcan en protecciones reales, especialmente para grupos históricamente marginados.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos mantienen su postura de que sin una ley reglamentaria específica, los derechos consagrados en la Constitución carecen de fuerza coercitiva suficiente. Mientras las instituciones gubernamentales anuncian avances en la materia, la atención pública se divide entre los protocolos de colaboración firmados y los casos judiciales que ponen a prueba la efectividad del sistema de justicia mexicano.
