Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- En comisiones del Senado se aprobó por unanimidad reformar el artículo 73 de la Constitución con el fin de facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio. La medida tiene como objetivo que la Federación y los estados actúen con los mismos criterios y se eviten diferencias normativas en todo el territorio nacional.
Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que las razones de género son “situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó feminicidio”.
Actualmente, solo en los códigos penales de nueve estados se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal. En el resto de las entidades existen diferencias que aumentan o reducen dichas razones, lo que genera disparidad en la aplicación de la justicia.
Las penalidades también varían significativamente entre regiones. Mientras que en gran parte del país la sanción es de 40 a 70 años de prisión, en Baja California, Coahuila y Michoacán se penaliza con 20 a 50 años de cárcel. Por otro lado, en Chiapas la pena va de 55 a 100 años. Con la aprobación de una ley general, estas diferencias llegarían a su fin y habría las mismas sanciones aplicables en cualquier lugar del país.
La reforma busca que México cumpla con los estándares internacionales de los instrumentos que ha suscrito en materia de feminicidio. Durante la discusión, la panista Laura Esquivel remarcó la necesidad de prever presupuesto para la reparación del daño y calificó la situación como urgente: “Los feminicidios en México son una emergencia nacional”.
Esquivel señaló que los niños huérfanos de las víctimas de feminicidio deben tener una pensión mensual, atención médica y sicológica, becas, protección especial en temas de tutela y custodia, así como apoyo para una vivienda digna y segura.
