Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la sesión celebrada el pasado 25 de marzo. La votación, realizada con 128 senadores presentes, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, consolidando el respaldo de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en bloque para rechazar la iniciativa.
El núcleo de la aprobación legislativa incluye medidas orientadas a la reducción de gastos y la eliminación de beneficios percibidos como privilegios dentro del sistema político. Entre los puntos resolutivos destacan el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal correspondiente, y la supresión de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. Asimismo, se validó un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto operativo del Senado.
A pesar de la mayoría obtenida para la aprobación general del dictamen, la fracción más trascendente para la agenda de la jefa del Ejecutivo no logró avanzar: la propuesta para adelantar la revocación de mandato al año 2027 fue descartada. Esta decisión respondió principalmente a la negativa del Partido del Trabajo, aliado estratégico de la coalición gobernante, quien se opuso a incluir este mecanismo en la reforma actual. Este rechazo marca una divergencia interna significativa, pues la medida habría permitido someter a la presidenta Sheinbaum a una consulta popular sobre su permanencia en el cargo tres años antes de lo previsto originalmente.
La dinámica de la discusión reveló posturas encontradas respecto al impacto real de la normativa. Mientras el oficialismo defendió el paquete legislativo como un instrumento necesario para el fortalecimiento democrático y la saneamiento de las finanzas públicas mediante la eliminación de excesos, sectores de la oposición y análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron sobre posibles efectos contraproducentes. Algunas evaluaciones técnicas sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante los años electorales podría derivar en un incremento del gasto público, al requerirse la implementación de otros mecanismos para garantizar el respeto a los derechos laborales del personal electoral.
Durante el proceso de negociación y debate previo a la votación, surgieron señalamientos sobre presiones y ofertas políticas para definir los sentidos del voto, comentarios que fueron aludidos públicamente por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. No obstante, el texto final aprobado en lo general pasará ahora a la etapa de discusión en lo particular, donde se definirán los detalles específicos de cada artículo y las reservas presentadas por las distintas fuerzas parlamentarias.
La aprobación de este primer bloque del ‘Plan B’ configura el escenario para las elecciones de 2027 bajo nuevas reglas de operación financiera y organizativa, aunque deja pendiente la modificación constitucional profunda que buscaba alterar los tiempos de la rendición de cuentas presidencial. La atención política se centra ahora en cómo operarán los recortes presupuestales en las instituciones electorales y si las medidas de austeridad lograran traducirse en el ahorro prometido sin afectar la logística de los próximos comicios.
