Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al calificar el tema como un asunto de Estado que no corresponde a la voluntad unilateral del Ejecutivo. La declaración se da en el contexto de la reapertura de investigaciones sobre el magnicidio ocurrido en 1994 y las discusiones públicas respecto a la situación jurídica del reo.
En sus declaraciones públicas, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la decisión no depende de una simple voluntad política, sino de los marcos legales y la gravedad de los hechos que marcaron la historia contemporánea de México. Sheinbaum enfatizó que el caso trasciende la figura individual del sentenciado para convertirse en una materia de seguridad nacional y justicia histórica.
La postura de la presidenta contrasta con las opiniones vertidas por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha señalado que la facultad para conceder el indulto existe en la figura presidencial, pero que lo que falta es la voluntad para ejercerla. Esta divergencia de criterios ha puesto sobre la mesa el debate acerca de los límites del poder ejecutivo en procesos judiciales de alta relevancia pública.
El caso ha cobrado nueva vigencia debido a la reapertura de la investigación sobre la existencia de un segundo tirador, identificando a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como posible coautor. Documentos del Poder Judicial de la Federación, citados por medios de comunicación, indican que el procedimiento de apelación para Sánchez Ortega se encuentra actualmente en suspenso, mientras se dilucidan las nuevas líneas de investigación.
Respecto a la hipótesis de un complot detrás del asesinato, la información disponible señala que la Fiscalía General de la República no ha mencionado oficialmente que se haya tratado de una conspiración organizada, manteniendo la cautela en las afirmaciones sobre los móviles políticos del crimen. La investigación judicial continúa su curso para determinar la responsabilidad de todos los involucrados más de tres décadas después de los hechos.
En el ámbito político, el tema ha generado tensiones entre las partes involucradas. El senador Colosio Riojas ha acusado al régimen actual de utilizar el caso para hacer ruido y golpeteo político, así como para justificar tropelías. Por su parte, la presidenta Sheinbaum hizo referencia a la aspiración del senador a la gubernatura de Sonora, cuestionando su postura al ser representante de Nuevo León, en un intercambio que refleja la complejidad política que rodea al caso.
La situación procesal actual de Mario Aburto Martínez, incluyendo el tiempo cumplido de su condena y los detalles de su encarcelamiento, no ha sido detallada oficialmente en las recientes declaraciones, manteniéndose el foco en la imposibilidad jurídica y política de un indulto. El gobierno federal mantiene la posición de que la justicia debe seguir su curso sin intervenciones extraordinarias.
