Por Redacción
Ciudad de México – 10 de noviembre de 2025 – La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral con más de 57.000 millones de pesos en inversión pública y mixta para combatir la ola de violencia en el estado, que ha cobrado la vida de figuras como el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. El anuncio, realizado en el Palacio Nacional ante su gabinete completo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, busca no solo reforzar la seguridad con miles de elementos federales, sino también atender las causas sociales y económicas de la inseguridad, mediante 12 ejes y más de 100 acciones específicas.
El plan surge en respuesta a una escalada de violencia que ha conmocionado a Michoacán, un estado clave en la producción de aguacate y limón, donde cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Viagras disputan el control territorial mediante extorsiones, secuestros y homicidios. El asesinato de Manzo, quien contaba con escolta federal de 14 elementos de la Guardia Nacional desde diciembre de 2024, ocurrió en una plaza pública de Uruapan pese a las medidas de protección reforzadas en mayo de 2025. Días antes, el líder citricultor Bernardo Bravo Manríquez fue ejecutado en Apatzingán tras denunciar amenazas del crimen organizado, un caso que alertó sobre las extorsiones a productores agrícolas, que generan miles de millones de dólares anuales para la economía nacional. Estas muertes han desatado protestas masivas: el 2 de noviembre, miles marcharon en Uruapan exigiendo la renuncia del gobernador Bedolla; en Morelia, manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno, resultando en ocho detenciones; y en Apatzingán, el palacio municipal fue incendiado, dejando daños materiales significativos.
Durante la conferencia del 9 de noviembre, Sheinbaum enfatizó que “la seguridad y la paz son fruto de la justicia”, criticando las políticas de confrontación de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que iniciaron la “guerra contra el narco” en Michoacán en 2006 y, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), multiplicaron los homicidios dolosos en la entidad, que registró uno de los índices más altos del país en los últimos años. “Esa guerra no funcionó; al contrario, generó la violencia que apenas estamos disminuyendo”, afirmó la mandataria, quien se compromete a un seguimiento personal quincenal del plan y reportes mensuales en sus conferencias matutinas. “A todos los michoacanos les decimos: no están solos. Su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, agregó, destacando que el plan se diseñó tras consultas con comunidades indígenas, empresarios, jóvenes, mujeres, iglesias y organizaciones sociales.
El eje de seguridad y justicia, presentado por el secretario Omar García Harfuch, es el más robusto: incrementará a 10.500 elementos federales –incluyendo 1.781 de la Marina– y 1.781 de fuerzas estatales, con despliegue regionalizado bajo el Plan de Operaciones Paricutín del Ejército Mexicano. Unidades especializadas combatirán la extorsión a productores de aguacate y limón –un sector que genera 3.000 millones de dólares anuales–, generarán inteligencia para órdenes de aprehensión, destruirán laboratorios de drogas sintéticas y plantíos de enervantes, y aplicarán un plan antibloqueo para evitar enfrentamientos entre grupos criminales. Se creará una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y se abrirá una oficina de la Presidencia en Uruapan para mesas de seguridad quincenales con autoridades locales. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que cada unidad tendrá funciones específicas por zona, grupo delictivo y tipo de delito, con énfasis en detener a “generadores de violencia” y afectar sus finanzas mediante aseguramientos.
En desarrollo económico con justicia, el plan garantiza seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas, invierte en infraestructura rural y establece convenios con el sector productivo para polos de bienestar en zonas marginadas. La educación y cultura para la paz incluirán programas escolares, deportivos y artísticos para prevenir la violencia desde la niñez, junto con atención a causas sociales mediante becas, salud y vivienda. Sheinbaum anunció reuniones permanentes con productores de aguacate y limón para coordinar medidas preventivas y reforzar la confianza en las instituciones.
García Harfuch reiteró que “no habrá impunidad” en el caso de Manzo, cuya investigación federal avanza sin indicios de nexos criminales en su equipo cercano, y extendió el compromiso a todas las víctimas: “Quien genera violencia será investigado, detenido y llevado ante la ley”. El gabinete de seguridad visitará Uruapan y otras zonas en los próximos días para supervisar el despliegue. Bedolla, por su parte, expresó solidaridad con las familias afectadas y se comprometió a la coordinación estatal.
La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía de Uruapan el 5 de noviembre ante el Congreso estatal, declarando: “Apagaron su vida, pero no lo callarán. Jamás lo callarán”, y exigiendo justicia sin doblar las manos. En una marcha posterior en Uruapan, Quiroz reiteró la demanda de mayor presencia federal, un llamado que el plan busca atender directamente.
Este plan se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad, que ha reducido homicidios dolosos en un 32% a nivel nacional, pero reconoce la persistencia de la violencia en Michoacán, donde el 82,6% de la población se siente insegura según el Inegi. Sheinbaum descartó cambios radicales, insistiendo en “seguridad con estrategia, no confrontación”, y promoviendo la austeridad republicana para redirigir recursos al pueblo. Analistas ven en esta iniciativa un esfuerzo sin precedentes para reconstruir el tejido social en una entidad donde siete alcaldes han sido asesinados desde 2022, pero advierten que su éxito dependerá de la ejecución coordinada y la participación comunitaria. Mientras las protestas continúan, el Plan Michoacán representa una apuesta por la paz duradera, garantizando derechos a educación, salud, vivienda y empleo digno para un estado que no puede esperar más.
