Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes su “Plan B” de reforma electoral, enfocado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, que será enviado al Senado de la República luego del rechazo de su propuesta de reforma constitucional en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone reducir las regidurías municipales a un máximo de 15 y mínimo de 7, establecer un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal para congresos locales y aplicar una reducción progresiva de hasta 15% en los gastos del Senado.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar la propuesta durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional. El plan incluye además la elección de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027, manteniendo el mecanismo de votación popular que había sido considerado en la reforma original rechazada.
Esta iniciativa surge como respuesta al rechazo parlamentario de la reforma constitucional más amplia que proponía reducir legisladores plurinominales y el financiamiento a partidos políticos. El “Plan B” se centra en aspectos que no requieren modificación constitucional o que podrían generar mayor consenso entre las fuerzas políticas.
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ya reaccionó a la propuesta, aunque no se especificó el contenido de sus declaraciones. La inclusión de la revocación de mandato para 2027/2028 ha generado reacciones políticas inmediatas entre los diferentes actores partidistas.
El marco de esta reforma se enmarca en la política de “austeridad republicana” que caracteriza a la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, se desconoce el monto específico de ahorro que proyecta el gobierno con la implementación de estas medidas de recorte presupuestal.
La iniciativa llega al Senado en un contexto de tensiones políticas tras el fracaso de la reforma original, donde se espera que los diferentes partidos definan su postura frente a estas nuevas propuestas que buscan reestructurar el gasto en los órganos legislativos y electorales del país.
