Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes al Senado su Plan B de reforma electoral, que incluye una reducción significativa de regidores municipales, topes presupuestales para congresos locales y modificaciones sustanciales al proceso de revocación de mandato. La iniciativa, que llega tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados, busca implementar medidas de austeridad pero genera críticas por eliminar el principio de paridad de género en las regidurías y permitir que la mandataria realice campaña con recursos no especificados durante procesos de revocación.
El paquete legislativo establece que el número de regidores por municipio se reducirá de entre 7 y 15, mientras que los congresos estatales no podrán ejercer más del 0.7% del presupuesto total de su entidad. Además, adelanta el plazo para solicitar la revocación de mandato al tercer año de gobierno y autoriza explícitamente a la titular del Ejecutivo a hacer campaña durante estos procesos.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, respaldó la iniciativa y señaló que viene acompañada de una reforma judicial complementaria. “Estamos ante una oportunidad histórica para modernizar nuestro sistema electoral y hacerlo más eficiente”, declaró el legislador.
El PVEM, a través de su líder Manuel Velasco, anunció apoyo unánime al Plan B, aunque se registró una contradicción cuando el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa de la iniciativa. Esta falta de consenso interno podría complicar la aprobación de la reforma.
Desde la oposición, Kenia López Rabadán del PAN criticó duramente la propuesta: “Es un intento más por debilitar las instituciones electorales y concentrar poder. Eliminar la paridad de género es un retroceso inadmisible en materia de derechos políticos de las mujeres”.
La reforma debe aprobarse antes de septiembre de 2026 debido a restricciones constitucionales. El contexto de la iniciativa se enmarca en las 741 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) durante 2025, que evidencian la necesidad de ajustes en el sistema, según argumenta el oficialismo.
El debate se intensificará en las próximas semanas mientras los legisladores analizan el texto completo, aún no divulgado públicamente. La posición del Partido del Trabajo (PT) y el impacto presupuestal exacto de las medidas serán clave para determinar el futuro de esta reforma que busca transformar el paisaje electoral mexicano.
