Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el órgano electoral determinó que no se cometió ningún delito y enfatizó que dicha institución cuenta con los mecanismos legales para revisar posibles violaciones a la legislación electoral.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al referirse al caso. La presidenta añadió que es necesario analizar los fundamentos en los que se basó el tribunal para emitir esta resolución, mostrando confianza en la legalidad del proceso seguido por la autoridad electoral. Esta postura oficial contrasta con las críticas surgidas desde sectores periodísticos y de oposición.
Carlos Loret de Mola, periodista de LatinUS quien difundió originalmente las grabaciones en 2020, rechazó la decisión del TEPJF y la calificó como una “venganza del régimen”. El comunicador denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador, sugiriendo una falta de imparcialidad en el manejo jurídico del asunto. Las grabaciones, realizadas por David León, mostraban al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo fondos que, según versiones anteriores, estaban destinados al partido Morena.
En medio de la controversia, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola, solicitando indemnizaciones de 200 millones de pesos cada una. Estas acciones legales reflejan la tensión entre la administración federal y los medios de comunicación que han cuestionado la conducta de funcionarios y familiares del anterior gobierno. Loret de Mola ha reportado además preocupaciones respecto a su seguridad personal en el contexto de estas denuncias.
Medios como López-Dóriga Digital han publicado análisis críticos sobre la sentencia, describiendo al organismo judicial como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió a Pío López Obrador de hechos que, en su opinión, eran “inabsolvibles”. Esta percepción de parcialidad institucional marca la división entre la narrativa oficial, que valida la inexistencia de ilícitos, y la postura de quienes consideran que la resolución ignora la evidencia presentada públicamente.
La resolución del TEPJF cierra temporalmente la vía electoral para sancionar los actos mostrados en los videos, aunque el debate político y social sobre la transparencia y el uso de recursos en campañas electorales continúa vigente. La reacción del gobierno federal busca consolidar la validez de la decisión judicial, mientras que las voces disidentes mantienen la acusación de que existe un alineamiento de poderes para proteger a figuras vinculadas al proyecto político de la Cuarta Transformación.
