Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue suspendida este lunes a las 18:00 horas en el Senado de la República debido a discrepancias técnicas sobre el límite máximo de regidores. La reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales se detuvo tras surgir contradicciones entre el principio de austeridad promovido por la iniciativa y los marcos legales actuales de varios estados.
La propuesta busca modificar cuatro artículos constitucionales para establecer un techo de 15 regidores en los ayuntamientos. Sin embargo, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que aplicar este límite uniforme podría provocar un aumento en la cantidad de ediles en estados como Veracruz y Tabasco, donde actualmente los umbrales oscilan entre tres y cinco regidores y síndicos, lo cual contradiría el objetivo de reducir gastos.
Miguel Ángel Riquelme Solís, senador por el PRI, acusó que el fin real de la reforma es favorecer al partido en el poder de cara a las elecciones de 2027, contradiciendo la afirmación de la presidenta Sheinbaum, quien ha declarado que la iniciativa no busca hacer campaña para Morena y que tal práctica está prohibida. La oposición mantiene la postura de que el paquete legislativo representa un intento de concentración de poder y un debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).
El ‘Plan B’ incluye además cambios respecto al momento para realizar la revocación de mandato, moviéndola desde el tercer año de gobierno, así como la disminución de presupuestos a los Congresos locales y al Senado. La suspensión de la sesión deja pendientes la redacción final del artículo transitorio que resolvería la cuestión del número de regidores y la definición de las revisiones técnicas específicas que motivaron el paro en los trabajos legislativos.
Hasta el momento, no se ha informado una nueva fecha y hora para la reanudación de los trabajos en las comisiones, mientras persiste la falta de una postura oficial detallada de otros partidos de oposición más allá de las declaraciones del PRI. La controversia subraya la complejidad de conciliar la estandarización federal con las particularidades de las legislaciones estatales en materia de integración de ayuntamientos.
