Por Luis Martínez Alcántara
El choque entre la política migratoria del gobierno de Trump y los derechos civiles se intensificó en Camarillo, California, durante una redada de ICE en la plantación de cannabis Glass House Farms. Un trabajador agrícola, Jaime Alanis, de 57 años, falleció tras caer unos 30 pies mientras intentaba evadir a los agentes. Amplios arrestos y tensión marcaron el operativo.
La administración Trump respondió defendiendo las tácticas de ICE, incluso frente a la reclamación pública sobre el fallecimiento del trabajador. Kristi Noem, de Seguridad Nacional, y Tom Homan, coordinador de la frontera, negaron prácticas de perfil racial y justificaron el uso de características físicas como base de sospecha razonable.
La redada implicó más de 200 arrestos y la de 14 detención de menores migrantes. ICE afirmó que les habían disparado a los agentes lo cual justificó medidas firmes. Trump mismo autorizó el despliegue del contingente militar con el fin de garantizar control y seguridad en futuros operativos.
Organizaciones civiles y legisladores californianos, como el senador Alex Padilla y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenaron la operación. Denunciaron que esta política estaba impulsada por cuotas de arrestos y violencia institucionalizada, considerándola responsable directa de la muerte del trabajador.
A raíz del episodio, un juez federal emitió una orden judicial que prohíbe detenciones indiscriminadas basadas en perfil racial. La administración anunció que apelará dicha restricción, reafirmando su compromiso con la línea dura de deportaciones masivas pese a la creciente oposición legal y social.
