Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y de otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en relación con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. La decisión fue emitida por la jueza Nora Ileana García Peralta, quien dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien quedará alojada en el penal de Santa Martha Acatitla.
De acuerdo con la información disponible, existen discrepancias respecto a los delitos específicos por los cuales se vincularon a las exfuncionarias. Mientras algunas fuentes señalan que se trata de delitos contra la salud, otras especifican que la acusación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. Estas imputaciones surgen en el contexto de la investigación federal que busca esclarecer la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, elementos clave para el caso de los estudiantes desaparecidos.
La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR deberá profundizar en la participación de las implicadas y recabar las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones. La medida cautelar de prisión preventiva fue aplicada de manera inmediata para Blanca María del Rocío Estrada Ortega, dada la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga o obstaculización de la justicia.
El caso Ayotzinapa, que mantiene a la sociedad mexicana a la espera de verdad y justicia desde septiembre de 2014, ha visto en los últimos meses nuevos avances en la identificación de responsabilidades de funcionarios públicos. La incorporación de estas exautoridades guerrerenses al proceso penal marca un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas sobre lo ocurrido en Iguala, donde la manipulación o desaparición de evidencia ha sido un obstáculo recurrente para las víctimas y sus familias.
Se mantiene a la espera de mayores detalles sobre la participación específica de Margarita A. y la definición final de los cargos, así como del tribunal exacto que llevó a cabo la audiencia. Por ahora, la resolución de la jueza García Peralta confirma que la estrategia legal de la FGR continúa enfocada en desmantelar las estructuras de impunidad que han protegido a los responsables directos e indirectos de la tragedia de los 43 estudiantes.
