4 El exjefe de contabilidad, Javier Ramírez Manjarrez admite su responsabilidad, pero señala que actuó bajo instrucciones de altos funcionarios para favorecer intereses políticos externos
La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal detectó un esquema de corrupción que involucra transferencias bancarias por más de 54 millones de pesos provenientes de cuentas de la institución, imputando a la funcionaria el disposición de 762 mil pesos para uso personal.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se rastrearon aproximadamente 3 mil 591 operaciones en el sistema financiero mexicano realizadas por integrantes de una red de corrupción. Las investigaciones señalan a Villarreal como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023, canalizando presuntamente recursos públicos hacia actividades políticas.
En este mismo caso han sido detenidos Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, así como Edy Hassan, socio del anterior, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario. Asimismo, fue llamado a cuentas por operaciones con recursos de procedencia ilícita Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Benjamín García Meza, quien asumió la dirección general del organismo a partir del 2 de octubre de 2023, también ha sido señalado en reportes periodísticos por su relación con el desfalco mientras se vaciaban las cuentas.
Fuentes de la Contraloría Estatal citadas por medios locales indican que Villarreal y Reyes debieron ser acusados inicialmente por peculado, advirtiendo que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado. Esta postura contrasta con la acción legal formal emprendida por la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene la imputación por lavado de dinero tras acreditar el movimiento irregular de fondos.
El caso pone bajo escrutinio el manejo de recursos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, donde Javier Ramírez Manjarrez lleva más de dos años internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz sin sentencia firme por peculado. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en la red de corrupción.
