marzo 20, 2026
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Por Redacción

Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud. La decisión judicial se emitió el 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde la funcionaria de 73 años de edad quedó sujeta a un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la autoridad también investiga a Estrada por su presunta implicación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las indagatorias se centran en la posible desaparición de material clave para la reconstrucción de los hechos, específicamente los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, Blanca María del Rocío Estrada fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar se deriva de las imputaciones relacionadas con el armamento y sustancias controladas encontradas en su posesión, así como por las acciones que habrían obstaculizado la justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos.

La investigación federal mantiene como línea prioritaria determinar el paradero o el estado de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala, consideradas evidencia fundamental para esclarecer la dinámica operativa durante la noche de la desaparición de los normalistas. La exsubprocuradora enfrenta ahora el proceso penal por los delitos citados mientras la FGR profundiza en los elementos relacionados con el ocultamiento de pruebas.

Este desarrollo judicial marca un nuevo capítulo en las diligencias por el caso Ayotzinapa, sumando a la lista de funcionarios procesados a una figura clave de la procuraduría guerrerense de aquel periodo. El plazo de dos meses establecido por la juez de control definirá los siguientes pasos en la integración del expediente contra la implicada.

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