Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra dos ciudadanos estadounidenses, Laurence Gray y Barrett Weinberger, acusados de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras al vender armas de fuego a los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa. La acusación formal, revelada esta semana, marca un precedente legal al utilizar la figura de terrorismo para perseguir el tráfico de armamento hacia grupos del crimen organizado mexicano.
De acuerdo con la investigación federal, Gray, de 65 años y propietario de la armería ‘Grips by Larry’, junto con Weinberger, de 73 años, realizaron ventas de armas en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025. Las autoridades aseguran que los acusados actuaron a sabiendas de que el armamento sería trasladado ilegalmente a México para fortalecer los arsenales de dichas organizaciones criminales.
La base legal para estos nuevos cargos de terrorismo reside en la clasificación emitida por el Departamento de Estado de EE.UU. en febrero de 2025, cuando se designó oficialmente al CJNG y al Cártel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta medida administrativa permitió a la fiscalía escalar las acusaciones previas por contrabando de armas a delitos de apoyo material al terrorismo, los cuales conllevan penas significativamente mayores.
Según los registros judiciales del Distrito Sur de Arizona, ambos implicados comparecieron ante un tribunal federal en Phoenix donde se declararon no culpables de los cargos presentados por el gran jurado. La acusación incluye delitos de tráfico de armas de fuego, complicidad en la compra de armas por parte de testaferros y presentación de declaraciones falsas durante las adquisiciones, además del cargo principal de conspiración terrorista.
De ser hallados culpables, las sanciones penales son severas: la condena por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada puede resultar en hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. Por su parte, los delitos relacionados con el tráfico de armas y la complicidad en compras fraudulentas tienen penas máximas que oscilan entre 10 y 15 años de cárcel por cada cargo.
Este caso se suma a los esfuerzos binacionales para combatir el flujo de armamento desde territorio estadounidense hacia México. Mientras la justicia americana avanza con estas imputaciones bajo la nueva estrategia de seguridad nacional, en México continúan los operativos contra las estructuras financieras y logísticas de los grupos criminales señalados en la acusación.