Torreón, 27 de marzo de 2026.- Un grupo de afectados por un presunto fraude inmobiliario se manifestó frente a las instalaciones de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir celeridad en las investigaciones, en medio de discrepancias sobre el avance real de las carpetas. Mientras la autoridad fiscal informa sobre la ejecución de operativos y la detención de implicados, las víctimas acusan negligencia y aseguran que la mayoría de las denuncias siguen sin resolverse.
El delegado regional de la FGE, Carlos Rangel, detalló que se han integrado 60 denuncias formales relacionadas con este caso, conocido en reportes periodísticos como el “Cártel Inmobiliario”. Según el funcionario, se han girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados y se ha logrado la detención de al menos dos mujeres, una de las cuales fue reaprehendida tras haber sido liberada previamente. Rangel afirmó que la mayoría de las carpetas ya están integradas y judicializadas, y que se estableció una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo.
No obstante, la versión de los afectados contrasta con el reporte oficial. Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención adecuada, citándolos a las 9:00 horas para ser atendidos hasta las 19:00 horas, además de no responder a llamadas realizadas a un número personal proporcionado por la propia autoridad. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan efectivamente y señaló que, de las 60 denuncias presentadas, únicamente dos han logrado avanzar a la etapa de judicialización.
Entre los principales señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, quien, según información de prensa local, habría huido a España para evitar enfrentar la justicia. Las víctimas agrupadas inicialmente en 27 personas reportan un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Durante la protesta, bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la delegación fiscal para visibilizar su demanda de justicia y castigo a los responsables.
La controversia también abarca la interpretación de los mecanismos legales aplicados. La Fiscalía ha señalado que los acuerdos reparatorios son válidos cuando cuentan con la aceptación de la víctima, postura que genera rechazo entre quienes exigen procesos penales completos. A la fecha, persiste la incertidumbre sobre la localización de otros implicados y la ejecución total de las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público.
