Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer un límite máximo a las pensiones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración mensual que percibe la presidenta de la República. La votación se llevó a cabo este 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la iniciativa contó con el respaldo mayoritario de los legisladores presentes, aunque existen discrepancias en las cifras oficiales sobre el resultado exacto del sufragio.
De acuerdo con reportes periodísticos, la sesión registró diferentes conteos: mientras algunas fuentes indicaron 458 votos a favor, otras detallaron un resultado de 363 votos favorables, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de las variaciones numéricas, la aprobación de la minuta marca un cambio sustancial en el régimen de jubilaciones para altos cargos del servicio público, incluyendo a personal de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Durante el desarrollo de la discusión legislativa, grupos de jubilados de estas entidades se manifestaron en el exterior del recinto parlamentario para expresar su rechazo a la medida. En el interior del pleno, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó reservas a la iniciativa, cuyas posturas fueron documentadas durante el debate, aunque el detalle específico de sus argumentos no fue fully transcrito en los reportes iniciales.
El texto aprobado contempla excepciones importantes al nuevo techo salarial. Quedan exentas de este límite las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como los haberes de retiro que ya se encuentran vigentes. Asimismo, la reforma no aplica a las pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales y aquellas de carácter no contributivo. Adicionalmente, la modificación constitucional incluye ajustes en el lenguaje para hacerlo inclusivo.
Con la aprobación en la cámara baja, la minuta será remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su discusión y ratificación, paso necesario para que la reforma entre en vigor. El establecimiento del tope basado en el 50 por ciento del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca, según los impulsores de la medida, reducir el gasto público destinado a jubilaciones de lujo y equilibrar las finanzas del Estado.
