Por Redacción
Dinamita, 21 de marzo de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Aldo Damián Macías Franco, confirmó que un operativo de seguridad realizado en el poblado de Dinamita derivó en la detención de 28 personas. El funcionario indicó que la acción fue ejecutada bajo un esquema interinstitucional y en estricto apego a la ley, siendo encabezada por la Fiscalía General del Estado de Durango, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
Macías Franco detalló que la participación del gobierno municipal se limitó al apoyo y acompañamiento durante el despliegue, así como a brindar facilidades de traslado a familiares de los detenidos hacia la ciudad de Durango. Subrayó que las carpetas de investigación corresponden exclusivamente a la Fiscalía estatal, la cual actuó con base en órdenes de aprehensión previamente emitidas, y precisó que hasta el momento de su declaración no se registraban cambios en el número de personas aseguradas.
Ante los hechos, Carlos Eduardo Vargas Contreras, regidor y coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, emitió un pronunciamiento en el que exhortó a los tres niveles de gobierno a garantizar la integridad física y la seguridad de las personas detenidas. Asimismo, solicitó la instalación de mesas de diálogo para abordar la situación, en un contexto donde organizaciones sociales han cuestionado la naturaleza del operativo.
Por su parte, familiares de los detenidos, integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, se manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir la liberación de sus seres queridos. Los manifestantes argumentan que las personas retenidas no son delincuentes, sino trabajadores que participaban en una protesta pacífica, y denuncian incertidumbre respecto al paradero inicial de los detenidos.
Existen discrepancias en las cifras reportadas sobre el evento. Mientras la autoridad municipal mantiene la cifra de 28 detenidos, otras fuentes, incluyendo denuncias de actores de la sociedad civil, sugieren que el número de personas privadas de libertad podría ser mayor, rondando las 40. Esta diferencia en los datos ha incrementado la preocupación entre los familiares y organizaciones que siguen el caso.
La versión oficial describe el evento como un operativo de seguridad necesario para restablecer el orden, mientras que grupos civiles lo califican como un acto de represión contra la protesta social. Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre los delitos imputados individualmente en este reporte, centrando la información en la legalidad del procedimiento y la coordinación entre las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona de La Laguna.
