Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A exactamente un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el organismo sucesor, Transparencia para el Pueblo, ha resuelto 5,921 recursos de revisión desde su inicio de operaciones en marzo de 2025, lo que representa una caída superior al 88% en comparación con las 53,233 resoluciones emitidas por el INAI durante todo 2024. Este descenso en la capacidad resolutiva coincide con críticas sobre la falta de información pública para evaluar el desempeño del nuevo ente y controversias sobre la opacidad en contratos de seguridad de órganos electorales.
Julieta del Río, excomisionada del extinto INAI, afirmó que no existe manera de evaluar al nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos sobre su desempeño. La declaración surge en un contexto donde la transición del modelo autónomo a uno integrado en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha generado incertidumbre sobre la continuidad de los estándares de transparencia que caracterizaron al instituto desaparecido el 20 de marzo de 2025 mediante reformas constitucionales.
La reducción drástica en el número de resoluciones contrasta con el volumen histórico de solicitudes. En 2024, el INAI recibió un millón de solicitudes de información y resolvió más de 53 mil recursos de revisión. En los primeros tres meses de 2025, antes de su extinción definitiva, el instituto aún logró resolver más de 8,000 recursos, cifra que supera lo atendido por Transparencia para el Pueblo en casi un año completo de funcionamiento, según los datos duros disponibles.
La controversia sobre la transparencia se agudizó con el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), que intentó reservar por cinco años la información del contrato INE/050/2025, relacionado con la adquisición de más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE argumentó que revelar estos datos ponía en riesgo la seguridad nacional y la integridad de su personal, cuya infraestructura de seguridad no se había actualizado desde 2008 frente a la violencia actual.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, revocando la reserva impuesta por el organismo electoral. Esta decisión fue impulsada tras un recurso de revisión solicitado por el medio La Silla Rota, evidenciando la tensión entre los intentos de opacidad de algunas instituciones y los mecanismos de control que persisten.
La extinción del INAI dejó un legado de investigaciones cruciales para la historia reciente de México, incluyendo la revelación del expediente de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la destapación de la Estafa Maestra. Con la operación de Transparencia para el Pueblo bajo nuevas reglas, la sociedad civil y los medios de comunicación monitorean si la plataforma nacional de transparencia mantendrá su eficacia para acceder a información pública o si los 15,000 millones de datos compilados caerán en un vacío jurídico funcional.
El debate sobre la transparencia en México continúa mientras se consolidan las operaciones del nuevo ente. La discrepancia entre las cifras de resolución de recursos y las declaraciones de actores clave como Julieta del Río subrayan los desafíos que enfrenta el sistema mexicano para garantizar el acceso a la información en un entorno donde la seguridad nacional es invocada frecuentemente como justificante para la reserva de datos públicos.
