Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanzó este miércoles en el Senado de la República con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos 13 de 14 senadores anunciaron su apoyo a la iniciativa promovida por el bloque oficialista. La legislación contempla la reducción del gasto electoral, límites a los presupuestos de los congresos locales y modificaciones a la revocación de mandato que permitirían una consulta de ratificación para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, confirmó la alineación de su bancada con los objetivos del gobierno federal, destacando que la medida busca optimizar recursos públicos y fortalecer la democracia directa. Con esta suma de voluntades, la coalición gobernante se acerca a la mayoría calificada necesaria para aprobar los cambios constitucionales, aunque resta definir la fecha exacta de la votación final en el pleno senatorial.
El núcleo de la propuesta incluye recortes significativos en la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y establece un techo del 0.7 por ciento del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. Asimismo, se prevé una reducción en el número de regidores en los ayuntamientos. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, enfatizó que estas medidas responden a una política de austeridad republicana y buscan eliminar privilegios en la estructura política del país.
En paralelo a la discusión legislativa, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del INE, en un proceso que corre simultáneo a la reforma estructural. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, indicó que los trabajos en comisiones continúan a ritmo acelerado para desahogar los puntos pendientes antes de llevar el dictamen a sesión plenaria, mientras se ultiman detalles técnicos del mecanismo de ratificación presidencial.
La modificación a la ley de revocación de mandato es el punto más sensible del paquete, pues habilita legalmente la realización de dicho proceso en los años 2027 y 2028, permitiendo que el titular del Ejecutivo se pronuncie sobre su continuidad. El objetivo declarado por los promotores es alcanzar una validación ciudadana del 80 por ciento para la presidenta Sheinbaum, consolidando su proyecto político a mitad del sexenio.
El impacto de la reforma ya trasciende al ámbito federal. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció que presentará una iniciativa local para armonizar la legislación de su estado con los nuevos preceptos del Plan B, marcando el precedente de una adaptación coordinada entre los poderes ejecutivos estatales y la nueva normativa federal.
La oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, ha criticado la celeridad del proceso y la reducción de órganos electorales, argumentando que podría debilitar la vigilancia democrática. Sin embargo, con el respaldo casi total del PVEM y la disciplina de las bancadas oficiales, la aprobación del Plan B se perfila como un hecho consumado en los próximos días, reconfigurando el escenario político para el resto de la administración actual.
