Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Los acreedores Cargill y Banco Afirme notificaron a la jueza concursal Ruth Huerta su oposición a la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), al argumentar que mantienen derechos de garantía prendaria sobre bienes de la empresa por una deuda conjunta que supera los 20,690 millones de pesos. La medida, presentada formalmente, busca detener el proceso de venta hasta que se reconozca su facultad de ejecutar dichas garantías de manera independiente al concurso mercantil, lo que representa un nuevo obstáculo en el complejo proceso de reestructura de la siderúrgica mexicana.
Según los documentos presentados ante la autoridad judicial, Cargill reclama a AHMSA un adeudo de 1,422 millones de UDI, equivalentes a aproximadamente 12,385 millones de pesos, mientras que Banco Afirme exige el pago de 954 millones de UDI, que ascienden a unos 8,309 millones de pesos. Juntos, estos dos acreedores concentran el 46% de la deuda total reconocida de la empresa, que se sitúa en 5,186 millones de UDI (unos 45,170 millones de pesos), lo que les otorga una posición de fuerza significativa en el proceso.
La base legal de su oposición radica en la conservación de derechos de ejecución autónoma sobre las garantías prendarias que mantienen sobre determinados bienes de AHMSA. Alegan que estos derechos deben ser respetados y ejercidos fuera del procedimiento concursal general, lo que implicaría que los activos gravados se destinarían prioritariamente a saldar sus créditos antes de cualquier reparto entre el resto de los acreedores.
El contexto de esta movida adquiere matices adicionales al considerar que Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Banco Afirme, es también dueño de Consorcio Villacero, grupo que en 2020 mostró interés en adquirir AHMSA. Esta circunstancia genera interrogantes sobre si la estrategia legal busca únicamente cobrar la deuda o podría también tener como objetivo influir en el proceso de venta y el futuro control de la empresa siderúrgica.
La jueza concursal Ruth Huerta deberá ahora analizar los argumentos legales esgrimidos por Cargill y Afirme para determinar si procede el bloqueo de la subasta. Su decisión marcará un precedente crucial sobre la prelación de créditos y la ejecución de garantías en el marco de un concurso mercantil, un tema de gran relevancia para el derecho concursal mexicano.
El bloqueo de la subasta por parte de los principales acreedores añade una capa de complejidad a la ya complicada situación de AHMSA, que lleva años buscando una solución definitiva a su crisis financiera. El desenlace de este pulso legal definirá no solo el futuro inmediato de la siderúrgica, sino también las reglas del juego para futuros procesos concursales de grandes empresas en México.
