Matamoros, 03 de abril de 2026.- La familia de Thalía exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE al cumplirse mil días de la explosión por fuga de gas que dejó a la joven con quemaduras en el 70% de su cuerpo, amputaciones en todos sus dedos y secuelas irreparables en su salud. El siniestro ocurrió la mañana del 29 de junio de 2023, cuando Thalía ingresó a un departamento que apenas iba a habitar.
La explosión fue provocada por la acumulación de gas natural debido a una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño. Desde el día del evento, personal de investigación, acompañado por la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y técnicos de ENGIE, inspeccionó el inmueble y los alrededores. Mediante aparatos especializados se tomaron mediciones que detectaron gas natural en el registro del drenaje del domicilio afectado, arrojando lecturas de un nivel de explosividad altamente peligroso.
Aunque directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento y se les solicitó revisar la fuga para evitar más riesgos y asistir a las víctimas, la empresa de origen francés optó por no acatar dicha solicitud y prefirió negar lo ocurrido. Posteriormente, en diciembre de 2024, un peritaje descubrió las tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje y concluyó que la explosión fue causada por el gas natural del ducto, señalando a la empresa como responsable del siniestro.
La familia denuncia que no existe reparación del daño ni sanciones contra ENGIE, a pesar de que la víctima ha pasado por más de 20 cirugías y acumula deudas de casi 2 millones de dólares. En estos mil días, abogados de la empresa sostuvieron tres reuniones con la víctima, sus familiares y representantes legales: una para dar formalidad a la comunicación, otra solicitada por ENGIE para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios o redes sociales, y una tercera para ejercer lo que describen como “gaslighting corporativo”, negando los argumentos a pesar de las evidencias y revictimizando a Thalía.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, pero con retrasos burocráticos que, según la familia, han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene en sus oficinas denuncias por episodios de fugas y explosiones con dictámenes en contra de la empresa regulada, pero no ha aplicado multas por dichas irregularidades ocurridas en los últimos cinco años.
