Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad cometidos durante un operativo en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó la emisión de un total de 16 órdenes de aprehensión contra los servidores públicos señalados. Los hechos que originaron la causa penal ocurrieron el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, cuando elementos policiales intentaron levantar un bloqueo carretero y recuperar vehículos retenidos por la comunidad, situación que derivó en un enfrentamiento.
De acuerdo con los informes del caso, el operativo resultó en la muerte de cuatro personas. Además, se registraron 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. En el incidente también resultaron heridos siete policías. Las imputaciones de homicidio calificado y tortura contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría a los acusados enfrentar el proceso penal en libertad.
Silvano Aureoles Conejo ya era buscado por la fiscalía estatal desde 2023 debido a otra orden de aprehensión vigente por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con un presunto desfalco millonario en la construcción de cuarteles policiacos durante su mandato; por dicho caso se le considera prófugo. Juan Bernardo Corona Martínez también figura en la lista de requeridos por la autoridad.
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó los mandamientos de captura según reportes de medios locales. La investigación judicial determinó la responsabilidad de los 16 implicados, incluyendo al exmandatario y al exfuncionario de seguridad, por los graves violaciones a derechos humanos ocurridos hace nueve años en la región purépecha.
