Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Gobierno de México rechazó este lunes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), organismo vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que sus datos están desactualizados y no reflejan la realidad actual del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses antes documentos al CED detallando los avances realizados desde 2019, los cuales no fueron tomados en cuenta por el comité. “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum detalló que el análisis del comité se basó en información de solo cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, correspondiente al periodo de 2009 a 2017. La presidenta acusó que los resultados fueron proyectados hasta 2025 sin considerar los cambios en la legislación ni la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos de búsqueda, la solidaridad con padres de familia, con familiares de víctimas de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”, subrayó.
El documento de la ONU señala a México como el país que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial, con 819 registros entre 2012 y febrero de 2026. No obstante, el Gobierno mexicano rechazó el informe por referirse en su mayoría a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Previamente, el 2 de abril de 2026, la SRE y la SEGOB habían señalado formalmente que en México no existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad cometida de manera sistemática y generalizada.
Ante esta decisión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la postura del CED como sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México expresó su respaldo al posicionamiento federal. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, sostuvo que el informe “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México” y consideró “muy grave” que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado.
Sheinbaum anunció que su administración establecerá una comunicación directa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe”, indicó. Asimismo, adelantó que la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores darán seguimiento al caso.
