Fotografía que muestra una playa contaminada por derrame de combustible este martes, en Veracruz (México). EFE/ Miguel Victória
Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene labores de contención y limpieza en el litoral del Golfo de México, donde se han retirado más de 430 toneladas de contaminantes e intervenido 223 kilómetros de playas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las investigaciones apuntan a un derrame original provocado por un barco, al que se suman otras manchas cuya procedencia está siendo determinada.
De acuerdo con el reporte oficial, se han identificado tres fuentes de emanación: un presunto vertimiento ilegal de un buque ubicado en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales en el Golfo. El despliegue operativo cuenta con más de 2,450 elementos distribuidos en puntos estratégicos para atender la contingencia ambiental que ha afectado zonas costeras.
En contraste con la narrativa gubernamental, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron un análisis basado en imágenes satelitales que evidencia una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados. Las agrupaciones civiles señalaron que existe conocimiento temprano del evento por parte de las autoridades, así como una contención insuficiente y opacidad en la información pública sobre los riesgos y medidas de respuesta.
Las discrepancias entre la versión oficial y los reportes ciudadanos son significativas respecto al tiempo y el lugar del origen. Mientras el gobierno sitúa el inicio de las acciones tras la detección el 3 de marzo y menciona el Complejo Cantarell, las ONG ubican un origen único en febrero cerca de la plataforma Abkatún, en Campeche, derivado de una embarcación. Sheinbaum Pardo reconoció la existencia de múltiples manchas y confirmó que se realizan investigaciones para precisar el origen de cada una.
La controversia se centra también en la transparencia del manejo de la crisis. Los comunicados de las organizaciones ambientales sostienen que no se brindó información oportuna sobre la magnitud real del derrame ni sus implicaciones desde el momento de su inicio. Por su parte, las autoridades federales mantienen la coordinación entre dependencias para continuar con las tareas de remediación en las costas afectadas.
