Los Ángeles, 26 de marzo de 2026.- Un jurado del caso en Los Ángeles, California, determinó que Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, y YouTube son responsables de causar adicción y daño a la salud mental de menores mediante el diseño de sus plataformas. El fallo, emitido el 25 de marzo de 2026, establece que ambas empresas actuaron con negligencia al utilizar estrategias específicas para generar dependencia en usuarios jóvenes.
Como resultado de la decisión judicial, se ordenó el pago de tres millones de dólares en daños compensatorios a favor de la demandante, identificada como K.G.M. y también referida como Kaley en algunas fuentes. La distribución de la indemnización asigna el 70 por ciento del monto, equivalente a 2.1 millones de dólares, a Meta, mientras que YouTube deberá cubrir el 30 por ciento restante, sumando 900 mil dólares.
Según reportes de medios como El País y Quadratín Hispano, el jurado concluyó que las compañías crearon productos que propiciaron comportamientos dañinos y adictivos. La demanda alegaba que el diseño de estas redes sociales provocó un consumo compulsivo que agravó cuadros de depresión, dismorfia corporal y pensamientos suicidas en la afectada.
Además de la negligencia, el jurado determinó que Meta y YouTube actuaron con malicia, opresión o fraude, tal como reporta Publimetro México. Esta conclusión abre la puerta a la imposición de daños punitivos adicionales, cuyo monto definitivo aún no ha sido definido y queda pendiente de una decisión judicial posterior.
Este juicio en Los Ángeles es considerado pionero en Estados Unidos por establecer responsabilidad legal directa de las tecnológicas sobre la salud mental de los menores. En el proceso comparecieron directivos de alto nivel, incluyendo a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, jefe de Instagram.
El caso se suma a otros litigios similares en el país, como un juicio reciente en Nuevo México donde Meta fue condenada a pagar 375 millones de dólares. La determinación en California refuerza la tendencia legal de exigir cuentas a las grandes empresas de tecnología por los efectos de sus algoritmos en la población juvenil.
