Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en la madrugada del 25 de marzo la reforma electoral conocida como Plan B, con 87 votos a favor y 41 en contra, sin incluir la modificación al artículo 35 constitucional que hubiera permitido adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial para junio de 2027.
La votación se realizó cerca de la medianoche en la Cámara alta, tras un debate que evidenció diferencias dentro de la coalición oficialista. La enmienda excluida buscaba que la consulta de revocación coincidiera con las elecciones intermedias de 2027, pero su eliminación significa que, conforme a la ley vigente, dicha consulta solo podrá solicitarse a finales de 2027 y llevarse a cabo en 2028.
Entre los involucrados en el proceso legislativo estuvieron los coordinadores parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, así como representantes del PRI y PAN. Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del PT en el Senado, participó en las discusiones previas a la votación.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, presentó el resultado como un éxito al mantener la unidad de la coalición y aprobar la parte principal de la iniciativa. Sin embargo, existen discrepancias respecto a la exclusión de la revocación de mandato, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó dicha decisión como negativa para el país.
La posición del Partido del Trabajo se fundamentó en la necesidad de separar el ejercicio de revocación de las campañas partidistas para garantizar la gobernabilidad. Esta postura evitó que la modificación al artículo 35 fuera incluida en el paquete reformista que sí contemplaba reducción de privilegios.
La aprobación senatoria ocurre después de que la Cámara de Diputados rechazara un proyecto original de reforma electoral. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, y Elías Lixa, representante del PAN, también participaron en el proceso de votación.
Con este resultado, el Plan B electoral avanza en el Congreso de la Unión sin el mecanismo que hubiera permitido a la ciudadanía consultar la permanencia de la presidenta en el cargo durante el periodo electoral intermedio de 2027.
