Los Ángeles, 27 de marzo de 2026.- Un jurado determinó que Meta y YouTube (propiedad de Google) deben pagar una indemnización total de 3 millones de dólares tras ser encontrados responsables del diseño adictivo de sus plataformas, el cual causó daños psicológicos a Kaley G.M., una joven demandante. La sentencia, emitida el 25 de marzo de 2026 en Los Ángeles, distribuye la responsabilidad financiera asignando el 70% del monto a Meta y el 30% restante a YouTube.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en los litigios contra gigantes tecnológicos, al establecer una conexión directa entre las estrategias de retención de usuarios implementadas por estas empresas y el deterioro de la salud mental de los individuos. Durante el proceso, se argumentó que la arquitectura digital de ambas redes sociales fue diseñada intencionalmente para generar dependencia, lo que derivó en perjuicios concretos para la demandante.
Según los datos del caso, la distribución de la pena económica refleja el grado de responsabilidad atribuido a cada corporación por el jurado. Meta Platforms Inc. deberá cubrir la mayor parte de la reparación, equivalente a 2.1 millones de dólares, mientras que Google, como propietario de YouTube, está obligado a pagar 900,000 dólares. La identidad completa de la demandante ha sido protegida en los registros públicos bajo las iniciales Kaley G.M.
Este veredicto se suma a un creciente escrutinio legal sobre la industria tecnológica en Estados Unidos respecto a su impacto en menores y jóvenes. Antecedentes recientes incluyen un caso en Nuevo México donde Meta fue responsabilizada por fallas en la protección de menores frente a depredadores en línea, lo que sugiere un cambio en la interpretación judicial sobre los deberes de cuidado de estas compañías.
El fallo tiene implicaciones potenciales para futuras demandas civiles, ya que valida la tesis de que los algoritmos y características de diseño pueden constituir un riesgo tangible para la integridad psicológica de los usuarios. Aunque la investigación actual no detalla si las empresas presentarán apelaciones o si existen fases pendientes para daños punitivos, la cifra de 3 millones de dólares sienta un precedente cuantificable sobre el costo legal de la adicción digital.
