Ciudad De México, 21 de junio de 2026.- La oposición incrementa las presiones al Senado para que formule la declaratoria de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 por ambas cámaras y 16 congresos locales, sobre el salario mínimo en el sector público. La medida está prácticamente congelada debido al enorme costo presupuestal que representa.
En cada sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) insisten en ese punto y han acudido al Poder Judicial. Recién lograron que un tribunal colegiado diera entrada a la revisión de un amparo que interpusieron para obligar al Congreso a emitir esa declaratoria de constitucionalidad, la cual permitirá que entren en vigor los cambios al artículo 123 de la Carta Magna.
En la pasada sesión de la Comisión Permanente, el diputado de MC, Pablo Vázquez Ahued, informó que un tribunal colegiado admitió el recurso de revisión de un amparo que un juzgado de primera instancia les rechazó. “Muy pronto el Poder Judicial va a obligar al Senado a cumplir la ley y publicar la reforma constitucional en materia de salario de servidores públicos”, declaró el legislador.
Vázquez Ahued explicó las razones del retraso: “No lo han querido hacer hasta ahora, recalcó, ‘porque la presentaron en el contexto del famoso plan C, pero no hicieron bien las cuentas de lo que costaría'”. La iniciativa fue incluida en el paquete presentado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024, último año de su mandato.
La reforma lleva a nivel de la Carta Magna la disposición de que los salarios mínimos sean ajustados de forma automática cada año para que nunca estén por debajo de la inflación. También incluye protección específica para trabajadores del sector público, agregando un párrafo al artículo 123 que establece un salario mínimo especial para áreas críticas como educación, salud y seguridad, garantizando que no sea inferior al promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, la iniciativa no incluyó el impacto financiero que toda reforma debe incluir. Se le pasó al gobierno federal y al propio Congreso, que no tomaron en cuenta la erogación necesaria para establecer un salario mínimo a los dos millones de maestros, 600 mil policías municipales y 160 mil trabajadores de la salud, entre otros. Morena y aliados aprobaron la modificación al 123 Constitucional el 24 de septiembre en la Cámara de Diputados y el 9 de octubre en el Senado.
La reforma se turnó a las legislaturas locales. Para el día 12 de octubre fue avalada por 15 congresos locales y el congreso de Puebla la aprobó el 14 de octubre. Ahí se frenó la reforma, cuando faltaba una sola legislatura estatal, después de que la Secretaría de Hacienda dio la voz de alerta sobre el costo “estratosférico” que representaba su aplicación. Los morenistas eluden hablar del tema, pero están conscientes de que no podrán ponerla en marcha y seguirá congelada en lo que resta del sexenio.
