Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, rechazó las descalificaciones del Gobierno de México sobre su último informe.
Albán señaló que el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Además, rechazó que la resolución se base solamente en casos anteriores a 2017, como sostuvo el gobierno de México.
Por su parte, el gobierno mexicano calificó el informe de la ONU como ‘tendencioso’ y sesgado. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respalda la postura federal; su presidenta, María Dolores González, reconoció que el informe tiene fallas metodológicas.
González destacó que el documento deja claro que no hay evidencia para pensar que el gobierno de México tenga una política deliberada, ya sea por acción u omisión, para cometer desapariciones.
En contraste, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, criticó el rechazo del gobierno federal al informe. López Rabadán afirmó que el informe es una oportunidad de ayuda y para no ignorar ni descalificar los 132 mil 880 desaparecidos en México.
La legisladora advirtió que el Comité ha encontrado indicios fundados de que se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad al ocurrir de forma sistemática. López Rabadán mencionó que hay 72 mil restos humanos sin identificar, 20 mil más desde que vino el Comité en 2021, y se han encontrado más de 4 mil 500 fosas clandestinas.
Advirtió que ‘México no puede convertirse en referente internacional en desapariciones’ y afirmó que el país necesita verdad, justicia y respuestas.
