Por Redacción
Torreón, 15 de marzo de 2026.- El regidor de Morena y secretario de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Ayuntamiento de Torreón, Gabriel Francisco Pedro, manifestó su oposición a la iniciativa de dotar de armas a los agentes viales, argumentando que la ciudadanía no está de acuerdo y que esto podría exacerbar conductas prepotentes. La declaración se produce en el marco del proceso de integración de la Dirección de Tránsito y Vialidad a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que conlleva una modificación de reglamentos que será votada en las comisiones correspondientes en los próximos días.
El edil morenista señaló que su postura se basa en consultas realizadas con la ciudadanía, aunque no precisó cifras concretas ni la metodología empleada. “La ciudadanía no está de acuerdo con que se dote de armas a los agentes viales”, afirmó el funcionario, quien también advirtió sobre el riesgo de empoderar a elementos con actitudes problemáticas.
“Lo que mucha gente nos ha manifestado es que, de antemano, hay elementos que son muy prepotentes, y que al portar un arma se va a acrecentar ese comportamiento”, declaró Gabriel Francisco Pedro, subrayando la preocupación por un posible abuso de autoridad.
El regidor dejó clara su intención de votar en contra de la propuesta si no se realiza previamente una revisión exhaustiva. “Se votará en contra del cambio de reglamentación si antes no se hace una profunda revisión”, aseguró, indicando que el proceso requiere de un análisis más detallado y consenso.
La iniciativa forma parte de una reorganización más amplia de la seguridad municipal que busca fusionar las direcciones de Tránsito y Seguridad Pública. Este cambio estructural, que se discute en el cabildo, ha generado debate sobre las competencias y el equipamiento que deben tener los agentes viales integrados a las tareas de seguridad.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la postura oficial del gobierno municipal liderado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, ni los detalles específicos sobre el tipo de armamento que se propone o el protocolo para su uso. La votación en comisiones está prevista para la semana siguiente al 15 de marzo, donde se definirá el futuro de esta polémica medida.
