Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores alista la discusión y posible votación del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral, una iniciativa constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha generado intensos debates entre las fuerzas políticas. Según reportes de medios, la bancada de Morena tiene como objetivo aprobar el dictamen en el pleno el próximo miércoles 25 de marzo, antes del receso de Semana Santa, aunque la fecha no ha sido confirmada oficialmente por la mesa directiva.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su fracción trabajará para someter a votación la reforma constitucional en los próximos días. A este esfuerzo se suma el respaldo público del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), cuyas coordinaciones, encabezadas por Manuel Velasco Coello y Geovanna Bañuelos de la Torre respectivamente, han manifestado su intención de apoyar la iniciativa, a pesar de existir reservas internas sobre algunos puntos específicos como la revocación de mandato.
La oposición ha reagrupado sus críticas contra el proyecto. Senadores del PRI, como Manuel Añorve Baños, han calificado la propuesta de ‘Plan Maduro’, advirtiendo sobre posibles riesgos autoritarios y comparándola con medidas implementadas en Venezuela. Columnistas de opinión y legisladores de otros partidos argumentan que la inclusión de la revocación de mandato resulta improcedente constitucionalmente, dado que no se ha configurado una ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta que justifique dicho mecanismo en este momento.
Una de las controversias centrales reside en el impacto financiero y administrativo de la reforma a nivel municipal. El diputado Elías Lixa Abimerhi y diversos analistas señalan que, lejos de generar ahorro, la modificación obligará a aproximadamente 1,100 municipios en todo el país a ampliar el tamaño de sus cabildos. Se estima que solo 56 localidades reducirían su número de ediles, mientras que el resto debería incrementarlo, lo que derivaría en un aumento significativo del gasto público local.
El caso de Yucatán ilustra la magnitud del cambio: se proyecta que el 74% de los municipios de la entidad tendrían que expandir sus consejos, creando 221 regidurías adicionales. Los críticos sostienen que esta expansión de estructuras locales contradice los discursos de austeridad republicana y fortalece las maquinarias políticas locales, mientras que el gobierno federal defiende la medida como un fortalecimiento de la participación ciudadana y la democracia directa.
Ante la expectativa de una votación decisiva la próxima semana, el ambiente en el Senado se mantiene tenso. Mientras la coalición oficialista busca consolidar los votos necesarios para la aprobación constitucional, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD continúan movilizando argumentos legales y políticos para frenar la iniciativa. La definición de las leyes secundarias y los detalles finales del dictamen seguirán bajo escrutinio hasta el momento de la votación en el pleno.
