Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La gestión del agua en México presenta un panorama fragmentado, con autoridades anunciando medidas técnicas como tandeos en la capital y proyectos de rehabilitación millonarios en el norte, mientras comunidades rurales denuncian corrupción y tráfico de influencias dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En medio de una sequía que afectó al 16% del territorio nacional el año pasado, el organismo de aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA) informó que aplicará interrupciones parciales del suministro en algunas zonas para lograr una distribución más equitativa, a pesar de que el sistema Cutzamala reporta un almacenamiento superior al 80%.
Paralelamente, en el norte del país, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, Durango, lanzó una licitación pública para la rehabilitación de su emisor central y del colector San Ignacio, una obra que requerirá una inversión superior a los 500 millones de pesos y que involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro. El gobierno de Coahuila también ha reportado acciones en la región de Torreón.
Este escenario de obras públicas contrasta con las acusaciones de campesinos en San Luis Potosí. Ejidatarios de la comunidad San Antonio de los Bravos denunciaron públicamente actos de corrupción y tráfico de influencias por parte de personal de Conagua, a quienes acusan de favorecer a un comité ejidal alterno en detrimento del reconocido por la asamblea comunitaria. La existencia de dos comités con reconocimiento conflictivo por parte de la autoridad federal evidencia las tensiones en la gestión local del recurso.
Frente a este conflicto, el gobierno estatal de San Luis Potosí anunció la instalación de un Consejo Técnico Consultivo del Agua, con el objetivo declarado de fortalecer la gestión hídrica mediante la participación de diversos sectores. Sin embargo, la medida no aborda directamente las denuncias de los ejidatarios, cuyas investigaciones aún carecen de resultados públicos.
El contexto nacional sigue marcado por los efectos de la sequía de 2025, calificada de moderada a severa, y por una crisis de infraestructura hídrica que ha obligado a plantear urgentes proyectos de rehabilitación en múltiples estados. Mientras las autoridades enfatizan en la planeación técnica y la inversión, las denuncias desde las comunidades ponen en duda la transparencia y equidad en la ejecución de estas políticas, dejando al descubierto las profundas desigualdades en el acceso y control del agua en el país.
