Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral denominada ‘Plan B’, que modifica la revocación de mandato, ajusta la integración de gobiernos municipales y limita gastos legislativos estatales. La iniciativa, presentada formalmente el 17 de marzo, busca que las consultas de revocación coincidan con elecciones federales para reducir costos y permitir al titular del Ejecutivo hacer campaña a favor de su permanencia. La propuesta ya generó polémica por una omisión en el texto inicial respecto a la paridad de género en los cabildos, que la Presidencia calificó como un error sin intención de eliminar la disposición.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, presentó la iniciativa en nombre de la jefa del Ejecutivo. La propuesta establece que el número de regidores en los ayuntamientos oscile entre 7 y 15, según el tamaño del municipio, y limita el gasto de los congresos locales a un máximo del 0.7% del presupuesto total de la entidad. Respecto a la revocación de mandato, plantea que se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, coincidiendo con las elecciones federales intermedias, y elimina la prohibición para que el presidente en funciones haga proselitismo durante el proceso.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la reforma argumentando que busca “privilegiar el ahorro” y eliminar “privilegios” en el sistema electoral. Sin embargo, el analista Elías Lixa criticó que, en estados como Yucatán, la reducción de regidores en ciudades como Mérida se compensaría con aumentos en 221 municipios del interior, lo que contradice el discurso oficial de austeridad. No hubo una réplica específica del gobierno a esta afirmación.
La omisión de la palabra ‘paritario’ en el texto original, enviado al Senado, fue interpretada por la oposición como un intento de acabar con la paridad de género en los cabildos. La Presidencia corrigió el documento mediante un oficio, señalando que se trató de un descuido y que se mantiene el principio de integración paritaria. El oficio de corrección aún no se publica en la Gaceta del Senado.
La reforma constitucional requiere una mayoría calificada de dos tercios en el Congreso. Morena cuenta con el apoyo prometido de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aunque no se especificó si la coalición tiene asegurados los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa llega después del rechazo a una reforma electoral más amplia, conocida como ‘Plan A’.
El mecanismo de revocación de mandato fue incorporado a la Constitución en 2019 y se ejerció por primera vez en 2022 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa consulta participaron 16.5 millones de personas, el 17.7% del padrón electoral de 97 millones. De ellos, 15.159 millones (91.8%) votaron a favor de que López Obrador continuara, mientras que 1.063 millones (6.4%) votaron por la revocación. Sheinbaum obtuvo 35.9 millones de votos (59.75% de los emitidos) en las elecciones de 2024.
La oposición y diversos analistas consideran que el verdadero propósito de la reforma es dar una ventaja electoral a Morena y a la presidenta, al permitirle utilizar la maquinaria gubernamental y hacer campaña durante un proceso de revocación. Los defensores del proyecto lo enmarcan en un fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y en una racionalización del gasto público. El debate en el Senado se prevé intenso, en un contexto donde la coalición gobernante busca consolidar cambios institucionales tras su llegada al poder.
