Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión celebrada el 24 de marzo en la capital del país, donde también se evidenciaron tensiones en la asignación de recursos públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y avances en proyectos habitacionales del gobierno federal.
La modificación legislativa, impulsada en el marco de una agenda que busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, contó con el respaldo de una mayoría significativa en el pleno, aunque enfrentó oposición de nearly un centenar de legisladores. La aprobación se da en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo que complica el acceso a créditos tradicionales para adquirir un hogar.
Paralelamente, la SCJN, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, reveló datos sobre sus contribuciones financieras al sector científico y educativo. El tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia durante 2024, acumulando un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años. Sin embargo, surgieron contradicciones en la gestión presupuestal, pues la Corte canceló en 2025 los donativos para becas destinados a estas mismas instituciones alegando falta de recursos.
A pesar de la suspensión de las becas académicas, la SCJN destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial en 2025 para la organización de eventos sindicales. Entre 2021 y 2024, el monto total entregado a este sindicato ascendió a 10.2 millones de pesos, lo que genera un contraste entre el recorte a programas educativos y el mantenimiento de gastos operativos internos.
En materia de infraestructura habitacional, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas, como parte de las acciones del gobierno federal coordinadas por figuras como Octavio Romero Oropeza del Infonavit. Estos esfuerzos buscan mitigar el déficit habitacional, aunque persisten debates sobre la calidad y ubicación de los desarrollos.
La agenda judicial también incluyó discusiones sobre la equidad de género. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Norma Piña, junto con Arturo Zaldívar de la SCJN, han firmado convenios para fortalecer la justicia con perspectiva de género. No obstante, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en México, a pesar de las reformas legales. En Quintana Roo, por ejemplo, 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, reflejando avances parciales en la paridad.
Las acciones legislativas y judiciales de este 24 de marzo reflejan una dinámica política descentralizada que abarca desde el Congreso de la Unión hasta gobiernos estatales como el de Aguascalientes y alcaldías como La Magdalena Contreras, donde Fernando Mercado Guaida y la diputada Diana Sánchez Barrios han tenido participación activa. Mientras se avanzan derechos sociales, la gestión de los recursos públicos sigue siendo un punto de debate entre los actores involucrados, incluyendo a la Secretaría de las Mujeres y organizaciones como la Iglesia católica mexicana.
