Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró esta semana sus facetas más crudas con el hallazgo de restos humanos en Jalisco y Sonora por parte de colectivos de búsqueda, sumado a nuevos ataques contra defensores de derechos humanos y la controversia generada por la respuesta oficial que minimiza las alertas de personas no localizadas en Quintana Roo. Mientras familias escarban la tierra ante la inacción institucional, organizaciones documentan un clima de hostigamiento que pone en riesgo la labor de búsqueda independiente.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, coordinado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totolé. La buscadora señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que sugiere una negligencia que podría comprometer la preservación de evidencias. Este hallazgo se suma al contexto de violencia en la región, donde se han reportado crematorios clandestinos.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la identidad del joven y la confirmación oficial mediante pruebas de ADN siguen pendientes, el hallazgo subraya la dependencia de las familias en la búsqueda forense ante la falta de resultados gubernamentales. Por otro lado, en Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían desaparecido fueron localizados con vida; un testimonio anónimo reveló que fueron interceptados por un grupo criminal para ser reclutados y permanecieron retenidos más de dos días, movilizando un operativo de 600 agentes en la región.
La situación de los defensores de derechos humanos se tornó crítica con el segundo allanamiento y robo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización denunció un “riesgo inminente” y la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques. A esto se suman las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero y la incertidumbre sobre el paradero de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre en Yucatán, donde se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025.
En contraste con la gravedad de los reportes en terreno, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, contradiciendo la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre 20 solicitudes de Alerta Amber atendidas en la entidad. Esta discrepancia entre la realidad documentada por colectivos y la narrativa oficial refleja la fractura en la gestión de la seguridad.
La impunidad y la falta de apoyo institucional también golpean a las familias de policías desaparecidos. Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones, pero el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo administrativo. Estos eventos configuran un panorama donde la búsqueda recae en la sociedad civil mientras las estructuras estatales oscilan entre la omisión y la negación del problema.
