Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ se encuentra estancada en el Senado de la República debido a desacuerdos internos en la coalición oficialista, específicamente con el Partido del Trabajo (PT), respecto a la fecha de realización de la revocación de mandato presidencial. Aunque inicialmente se anunció que el dictamen sería presentado este martes 24 de marzo, fuentes parlamentarias indican que la definición se ha postergado hasta después de la Semana Santa, mientras se buscan mecanismos para destrabar el punto conflictivo que propone llevar a cabo dicho ejercicio en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas.
El conflicto central radica en la postura del PT, cuyo dirigente, Alberto Anaya, ha manifestado reservas sobre la simultaneidad de los comicios, argumentando que esto podría beneficiar electoralmente a Morena. Esta discrepancia ha generado versiones contradictorias sobre el avance legislativo: mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, había confirmado la dictaminación para la fecha actual, otros actores del proceso admiten que la falta de acuerdos ha frenado el trámite en las comisiones correspondientes.
Ante este escenario, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podrían no contar con los votos necesarios en el Congreso para aprobar la iniciativa en sus términos actuales. Por su parte, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que la alianza oficialista dispone de los sufragios requeridos en las comisiones, aunque la realidad del debate en el pleno parece distar de esa certeza matemática debido a la fractura con el aliado laborista.
La propuesta gubernamental contempla la reforma de cuatro artículos constitucionales bajo el esquema de austeridad republicana. Entre los puntos medulares destaca la reducción del número de regidores y síndicos en los ayuntamientos, así como el establecimiento de un tope presupuestal del 0.7% para el funcionamiento de los congresos locales. Estas medidas han sido rechazadas de plano por los partidos de oposición, incluyendo al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes han solicitado el retiro total de la iniciativa antes de ser discutida en el pleno.
En medio de la pugna política, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir la autoría o respaldo de un documento sobre el Plan B que circuló en versiones extraoficiales atribuido al organismo autónomo. Los consejeros aclararon que dicha versión no corresponde a una postura institucional, en un intento por blindar la neutralidad del ente electoral frente a las especulaciones sobre el impacto técnico de las reformas propuestas.
Mientras las negociaciones continúan a puerta cerrada, la incertidumbre sobre el calendario legislativo persiste. La estrategia de Morena y sus aliados ahora se enfoca en cerrar la brecha con el PT o bien, evaluar si proceden con la votación sin el apoyo unánime de la coalición, asumiendo el riesgo de que la reforma no alcance la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. El resultado de estas definiciones determinará si el ‘Plan B’ logra avanzar antes del receso legislativo o si queda archivado indefinidamente.
