Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras una resolución emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja luego de una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior. La decisión judicial fija una garantía económica alrededor de 100 mil pesos y establece un plazo de seis meses para la investigación complementaria presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Las acusaciones se centran en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se llevó a cabo, el cual comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. La autoridad fiscal señala irregularidades en los permisos otorgados y en los compromisos financieros adquiridos durante la gestión de Bonilla, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021, generando un presunto daño al erario estatal.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez argumenta que los pagos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, el exmandatario sostiene que su administración únicamente tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la planta, contradiciendo la narrativa de la Fiscalía sobre la autoría de las irregularidades administrativas.
La audiencia, celebrada en la Ciudad de México, contó con la participación de representantes de la Fiscalía de Baja California y del propio acusado. Aunque la gobernadora actual, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está involucrada en el contexto político del caso como sucesora en el cargo, la investigación disponible no incluye declaraciones oficiales de su parte respecto a las declaraciones de Bonilla ni detalles específicos sobre la situación de otros colaboradores mencionados por el exgobernador.
Con esta vinculación a proceso, el caso judicial entra en una nueva fase de indagatoria que durará medio año, tiempo durante el cual la fiscalía deberá presentar pruebas concretas para sustentar las imputaciones de daños patrimoniales. Bonilla, quien posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrenta ahora un proceso penal por las operaciones contractuales de la fallida planta de energía en la frontera norte.
