Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, una propuesta legislativa que contempla penas de prisión de 40 a 70 años y multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS). El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, con la presencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
La iniciativa tiene como objetivo principal homologar el tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas del país, unificando los protocolos de investigación y estableciendo criterios comunes para su persecución. Según lo expuesto por el Ejecutivo federal, la propuesta incluye 21 agravantes específicos y sanciona explícitamente la tentativa de feminicidio, cerrando vacíos legales que existían en diversas legislaciones locales.
En el marco de la presentación, se detalló que la ley define nueve razones de género para configurar el delito, buscando eliminar la discrecionalidad en la tipificación de estos crímenes. La medida responde a la necesidad de estandarizar las respuestas institucionales ante la violencia extrema contra las mujeres, asegurando que las sanciones sean aplicadas con el mismo rigor en todo el territorio nacional.
La fiscal general Ernestina Godoy acompañó a la mandataria en el evento, donde se subrayó la importancia de la coordinación entre el gobierno federal y las procuradurías locales para la efectiva implementación de la normativa. La propuesta será turnada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, aunque no se especificó un calendario legislativo concreto ni los nombres de los legisladores responsables de dictaminarla en esta etapa inicial.
Con esta acción, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca fortalecer el marco jurídico contra la violencia de género, poniendo énfasis en la prevención, la investigación rigurosa y la reparación del daño a las víctimas. La iniciativa representa uno de los primeros grandes envíos legislativos en materia de seguridad y justicia de la actual administración federal.
