Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La solicitud ha sido remitida al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la haga llegar al organismo mundial.
El CED concluyó que la información recibida contiene “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil, independientemente de si son orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el organismo citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, donde se han localizado más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de “tendencioso y sesgado”. Las autoridades mexicanas argumentaron que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y acusaron al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el pasado 27 de marzo. La SRE afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal sostuvo que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República. Además, las autoridades señalaron que el propio documento del CED reconoce en sus párrafos 117 y 118 que no existen indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos. México también cuestionó la imparcialidad del comité, asegurando que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.
Pese al rechazo, el CED lamentó que no haya habido una mejora sustancial desde su visita en 2021 y advirtió que en algunos casos las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia. Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró “deplorable” la respuesta del Estado mexicano y señaló que es “una muy mala señal” no aprovechar la oportunidad para reconocer la dimensión del problema.
El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”. Las autoridades destacaron reformas clave implementadas en julio de 2025, como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, como evidencia de los avances estructurales emprendidos desde 2019.
